Si bien es un proceso que legalmente demora 45 días hábiles, según la normativa, a veces puede tardar más, detalla José Miguel Lecaros, abogado inmobiliario y académico U. Mayor, quien agrega: "Hay harto problema porque pese al plazo legal, es el deudor el que tiene que andar persiguiendo al ejecutivo del banco para que se alce”. Infórmate más aquí.
"Es preocupante, porque la cifra no ha disminuido y probablemente en una semana más aumentará tras las aglomeraciones navideñas y la falta de distanciamiento. Así, la posibilidad de que regresemos a las cuarentenas es inminente. Además, debido al inicio de la vacunación, la población se está relajando", comenta Paola Murgas, investigadora del Centro CIB U. Mayor. Escucha aquí la entrevista.
A esto se suma un alza del 183% en los llamados al fonoayuda 1455. Al respecto, Carolina Stefoni, socióloga del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la U. Mayor, cree que “este es un problema que debe abordarse desde múltiples factores”, debido a que se ven casos extremos, como el de Fernanda Maciel, o “menores” que “son igualmente condenables”. Sigue leyendo aquí.
Álvaro Castillo, académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud U. Mayor, apunta a que “el acceso a armas es un factor que se debe revisar y aplicar medidas adicionales que restrinjan más la tenencia. Aquí estamos frente a bandas de crimen organizado y hay que desmantelarlas, hay que tener una estrategia”. Revisa la nota aquí.
Sergio Peña, Doctor en Derecho y académico de la U. Mayor, indica que primero hay que tener claro que el preso político es quien ha sido restringido de su libertad “por sus ideas”. “Tiene ideas que son contrarias al gobierno que está en el poder. Pero, esto hay que entenderlo, ideas principalmente en un gobierno de facto, autoritario o totalitario”, añade el abogado. Conoce más aquí.
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