Crisis social// Investigadores U. Mayor se reunieron en conversatorio y explicaron por qué es necesaria una nueva Constitución

La Vicerrectoría de Investigación desarrolló el encuentro “Nueva Constitución y proceso constituyente: problemas y desafíos para la democracia en Chile”, donde un panel de expertos analizó los ámbitos en que, a su juicio, afecta la Carta Magna actual, deteniéndose en aspectos como el derecho de propiedad, la crisis institucional, la falta de representatividad y la desigualdad.

A pocos días de que gran parte del espectro de partidos políticos llegara a un acuerdo para cambiar la Carta Fundamental, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Mayor llevó a cabo el conversatorio “Nueva Constitución y proceso constituyente: problemas y desafíos para la democracia en Chile”, oportunidad en la que nuestra comunidad pudo escuchar a un panel de expertos para reflexionar en torno a este hito e intercambiar ideas en medio del estallido social que vive el país.

En la actividad, los especialistas -todos pertenecientes a nuestra casa de estudios- realizaron un profundo análisis de las razones principales por las que, a su juicio, es necesario dejar atrás la Carta Magna instaurada en 1980, deteniéndose en aspectos como el derecho de propiedad, la crisis institucional, la falta de representatividad política y la desigualdad.

Así, en el conversatorio participaron el Director de la Escuela de Derecho de nuestro plantel y Doctor en Derecho Constitucional, Felipe Meléndez; la Directora del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) y PhD en Economía, Claudia Sanhueza; el sociólogo, Doctor en Economía Política e investigador del CEAS, Aldo Madariaga; y José Miguel Cabezas, cientista político, abogado y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) de la U. Mayor.

Fuerte tradición de partidos políticos

El Dr. Felipe Meléndez comenzó refiriéndose a la desconfianza hacia las instituciones que la ciudadanía ha demostrado en los últimos años, recordando que desde el siglo XIX que Chile mantiene una fuerte tradición de partidos políticos, con la que tanto sectores de izquierda como de derecha han gozado de espacios de representación en el Congreso.

En 1980, en tanto, cuando se instauró la actual Constitución, no existían partidos políticos y había estado de excepción, razón por la cual se habla de que la Carta Fundamental tiene una suerte de “pecado original”.

“Desde los ’90 en adelante se han hecho intentos por canalizar las debilidades de esta Constitución, a través de reformas constitucionales y prácticas legales, como el voto voluntario de 2012, el sufragio de chilenos en el extranjero en 2014 y el reemplazo del sistema binominal por uno proporcional en 2015”, relató el Doctor en Derecho.

“Aquello, sin embargo, no ha tenido un impacto suficiente, sobre todo en los jóvenes, y se han registrado altos niveles de abstención en las últimas elecciones”, sostuvo Meléndez, quien apuntó a la necesidad de impulsar mecanismos de democracia directa.

Por otro lado, el Director de la Escuela de Derecho indicó que algunos derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política tienen un enfoque neoliberal, entre ellos aquellos referidos al trabajo y a recursos naturales como el agua.

Las dos dimensiones de la democracia

A su turno, el sociólogo Aldo Madariaga reflexionó en torno a la crisis de representatividad explicando que la democracia tiene dos dimensiones: competencia entre distintos proyectos políticos y representación.

“Aun cuando generalmente se entiende que la democracia se define como un procedimiento para las autoridades, ninguna de las teorías de la democracia excluye el hecho de que los gobernantes tienen que poder gobernar con sus programas. Entonces, es un problema para la democracia cuando tú no puedes gobernar y hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando fuiste electo. Por lo tanto, es fundamental que la democracia asegure tanto la dimensión de la competencia, como también que aquel que llegue al poder pueda, efectivamente, hacer lo que dijo que iba a hacer y por lo cual fue elegido”, expresó Madariaga.

“El problema -continuó- es que el sistema institucional chileno, cuya fuente principal es la Constitución de 1980, tiene déficit tanto por el lado de la competencia como por el de la representación, restringiendo ambas dimensiones de la democracia. En el caso de la representación, tiene mecanismos que han hecho, por más de 30 años, que aquellos que llegan al poder no puedan gobernar con los programas de gobierno que han presentado a la población y por los cuales han sido elegidos. Esto genera un tremendo problema de legitimidad, no solo de los políticos que llegaron a elegirse, sino que del sistema en su conjunto”.

Por qué ahora estalló todo esto

Posteriormente, la economista Claudia Sanhueza intentó responder la pregunta sobre por qué el estallido social se produjo ahora y no antes, recurriendo al concepto de “preferencias sociales”.

“En una sociedad, el modelo de desarrollo económico debe reflejar lo que llamamos las ‘preferencias sociales’, que usualmente se reflejan en lo que llamamos la ‘aversión a la desigualdad’, que es cuánto una sociedad tolera los niveles de desigualdad. Si una sociedad es más intolerante a la desigualdad, uno lo que observa es que esa sociedad tiene altos niveles de redistribución. Entonces, a pesar de que su mercado laboral genera alta desigualdad, tiene impuestos progresivos, políticas sociales universales, un sistema de seguridad importante, etc. Ese es el modelo de desarrollo de una sociedad con alta aversión a la desigualdad”.

“Pero, ¿qué pasa en Chile?”, se preguntó. “También tenemos una alta aversión a la desigualdad. En la Encuesta Mundial de Valores 2016 se les preguntó a varios países cuán justa creen que es la distribución de los ingresos. En Chile, más del 90% piensa que es injusta o muy injusta, por lo que somos el país en América Latina con el mayor porcentaje de población que piensa eso”, dijo.

“Sin embargo -advirtió-, nuestro modelo de desarrollo no refleja esa preferencia: no tenemos políticas sociales universales, no tenemos un sistema de seguridad social importante que abarque a la clase media; tenemos lo que se llama políticas sociales focalizadas, porque el modelo de desarrollo se pensó como un Estado subsidiario. Eso significa que el mercado soluciona todos los problemas, y el Estado está ahí cuando no lo puede solucionar el mercado. Es el caso del sistema de AFP, que está en el mercado privado, con seguros privados, donde cada uno se cuida a sí mismo; y al que no le alcanzó, tiene la pensión básica solidaria, que es solo para aquel que no pudo cotizar o está en el 60% más pobre. La clase media queda fuera”, detalló.

No obstante, aseguró que “el problema mayor es que este modelo de desarrollo está constitucionalizado”, y que cuando se intenta impulsar alguna política pública en pos de las preferencias sociales, la respuesta es que “es inconstitucional y terminamos en el Tribunal Constitucional”.

A modo de conclusión, Sanhueza enfatizó que “cuando una sociedad con una alta aversión a la desigualdad no logra convertir en política pública sus preferencias sociales, se viene un estallido, y eso es lo que estamos viendo hoy”.

Por último, el cientista político José Miguel Cabezas expuso su hipótesis que las demandas por “dignidad” que hoy se erigen en las calles son “subjetivas”, por lo cual la tarea de darles respuestas es de los partidos y la clase política.

“Hay que buscar respuestas nuevas a las preguntas o seguiremos entrampados y no avanzaremos en soluciones”, declaró.