Otro golpe a la autonomía universitaria
Columna publicada por La Tercera el jueves 12 de octubre de 2017.
Recientemente se ha conocido la propuesta del Gobierno en que buscará remover a Rectores de las universidades estatales en caso que en sus procesos de acreditación bajen el número de años obtenidos o pierdan definitivamente su certificación.
Si uno lee entre líneas lo que la autoridad busca, hasta se puede entender: Existe una preocupación por aquellas universidades cuyo “dueño”, es el Estado, y que son financiadas por los impuestos de todos los chilenos, se esmeren y esfuercen por ser de la mejor calidad posible. Esta es una visión lógica y responsable por parte de la autoridad.
Dicho lo anterior, el problema es que el método que ha encontrado para alcanzar este objetivo está profundamente equivocado por dos motivos. El primero de ellos es que desnaturaliza el proceso de acreditación. Este, es un proceso que se basa en la autoevaluación, con una alta participación de la comunidad académica, la que se toma el tiempo de efectuar un análisis crítico del funcionamiento de la universidad. De este ejercicio emanan las principales fortalezas para potenciar la entidad, y sus debilidades, para poder mejorarlas.
Entonces si asociamos medidas punitivas a los resultados de la acreditación, ¿alguien cree en su sano juicio, que esas comunidades van a correr el riesgo de elaborar un informe que las perjudique y pueda verse afectada su fuente de actividad principal? La respuesta es no. La naturaleza humana nos ha demostrado que el principio de auto protección es superior a la objetividad.
La ley vigente tiene el mismo problema, se acredita por años -de dos a siete- estableciendo una escala similar a la que se establece en las notas. De esta forma, la opinión pública se queda con la sensación de que un siete es sobresaliente, mientras que un cuatro es regular, y menos es reprobado.
Lo lamentable es que, en el actual proyecto de ley, que se encuentra en discusión en el Congreso, se profundiza este error, no queriendo la autoridad redactora entender el concepto profundo que significa este proceso de medición de la calidad.
La segunda razón, es tal vez más grave aún. Se pretende que por la vía administrativa el gobierno de turno pase a llevar la normativa jurídica y estatutaria que rige a esa institución, violando abiertamente la autonomía universitaria. La autonomía se encuentra garantizada por ley y es la columna vertebral que tiene toda universidad para ejercer en libertad su quehacer, permitiendo con eso tener independencia, juicio crítico y reflexivo, y total independencia para ejercer sus funciones.
Lo grave, es que, en el actual proyecto de ley en discusión, la autonomía universitaria se pierde completamente en manos del Estado. Se crea una Subsecretaría de Educación Superior que tiene el control total sobre las universidades; fija precios, vacantes, planes de desarrollo, controla la admisión. Es decir, establece el control gubernamental sobre las universidades, dejándolas al arbitrio de los burócratas de turno. Esto constituye un peligroso riesgo a la libertad.
Lo peor de todo es que si la autoridad quiere velar por los recursos de todos los chilenos, la solución la tiene a la mano y es una ley que este mismo gobierno promulgó: la ley del Administrador Provisional, que ya ha sido aplicada en otras universidades que se han visto afectadas, ya sea por mal manejo o por irregularidades en su gestión.
El problema es que esta ley, en su génesis siempre estuvo pensada para ser aplicada solo en universidades privadas, evidenciando que el gobierno aún piensa que el lado oscuro está en ese sector, no queriendo aceptar que no es garantía sine qua non que, por ser universidad estatal, esta sea de calidad.
De hecho, si analizamos los indicadores de calidad entre las universidades estatales y las privadas que nos encontramos adscritas al proceso único de admisión, observamos con beneplácito que estos, son superiores a las estatales, a pesar de que no disponemos de aportes basales ni recursos extras que a ellas sí se les entregan. Entonces la pregunta que subyace es: ¿Por qué el propio gobierno no tiene fe en las leyes que promulga? o ¿se dio cuenta que era una mala ley, tal como tantas veces, en la discusión, lo dijimos públicamente?
Lamentablemente en estos últimos cuatro años de discusión se ha legislado desde la desconfianza, no entendiendo que un marco de efectiva libertad favorece la calidad de la educación, marco de libertad que debe incluir los procesos de acreditación.