Actualidad //Académico U. Mayor expuso ante la Cámara de Diputados por proyecto de ley sobre Discriminación a Personas con Discapacidad

El Dr. Sergio Peña fue invitado a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde advirtió sobre la necesidad de considerar con cuidado el reemplazo de la incapacidad por la discapacidad, aplicar estándares provenientes de las ciencias médicas para evaluar la autovalencia de individuos con discapacidades mentales, prevenir del problema jurídico penal y proponer la distinción entre capacidad, discapacidad e incapacidad.

El 10 de abril pasado, el Dr. Sergio Peña, académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS), se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados para exponer su postura con respecto a los aspectos técnicos, jurídicos y humanos del proyecto de ley sobre Discriminación a Personas con Discapacidad, que busca modificar la normativa relacionada a la autonomía de este grupo, para evitar las discriminaciones legales que deben enfrentar.

“Esta fue una gran oportunidad para poder modificar una serie de normas jurídicas que de alguna manera ponen dificultades y generan, o han generado, desigualdades, por ejemplo, para los discapacitados intelectuales, pese a que tienen grandes habilidades y pueden desarrollarse a cualquier edad” explicó el investigador.

Adicionalmente, dentro de su presentación, el Dr. Peña detalló los esfuerzos de la Universidad Mayor, a través del CISS, la Escuela de Derecho y la Vicerrectoría de Investigación, para entregar aportes en esta materia, con un enfoque multidisciplinario que abarca no solo los aspectos jurídicos, sino también los concernientes a las complejidades que acompañan la vida de las personas en situación de discapacidad y sus familias, desde el punto de vista científico.

En este sentido, el académico planteó la necesidad de emplear parámetros, estándares o fuentes materiales, provenientes de las ciencias médicas, para determinar en qué grados de discapacidad cognitiva se podría restringir la autonomía de las personas.

“Espero que la modificación a las normativas actuales en torno a la autovalencia de este grupo sirva para iniciar un tránsito social que es más complejo, que necesitará no sólo de la resolución de problemas jurídicos, sino también sociales”, finalizó diciendo.