Educación superior como motor del crecimiento económico

Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios U. Mayor, realiza columna de opinión en Diariodelaeducacion.cl el 11 de agosto de 2022


Chile es un país que ha avanzado notablemente en muchos indicadores sociales y económicos en las últimas décadas, y aún quedan por cerrar brechas sociales que de no mediar el crecimiento económico, serian hoy aún más difíciles de administrar y mitigar.

Pero este desafío país no podrá ser superado con un discurso estatista que no valorice en forma concreta y explicita el rol del sector privado. El accionar de empresas y emprendedores genera oportunidades en el paisaje económico tanto en materia de empleo, tributación, reducción de la desigualdad, etc.

Esta estrategia de desarrollo ha sido puesta en tela de juicio en el último tiempo, lo que nos acerca a países de la región que se han inclinado por constituciones y proyectos de sociedad exacerbados en escriturar derechos sociales, todos los cuales no han sido financiables, y además, son letra muerta sin más. Amen de que los desequilibrios macroeconómicos y su impacto negativo en la pobreza están correlacionados con constituciones de tipo excesivamente garantistas e identitarias lo cual puede apreciarse en algunos países de Latinoamérica.

En el plano universitario es necesario equilibrar la cancha de la distribución de recursos para aquellas instituciones que, no siendo estatales, han contribuido a la inserción social y a la ampliación de las oportunidades educativas de nuestra población, aportando a la construcción del bien público.

El crecimiento de estas instituciones ha ido a la par con cada vez mas rigurosas acreditaciones, las que también han sido voluntarias para exigentes certificaciones internacionales. Del mismo modo han contribuido activamente en la materialización de políticas públicas como la gratuidad para reflejar este creciente deseo de las familias para que sus hijos avancen en sus carreras profesionales.

Asimismo, no cuentan con el aval del Estado en sus operaciones de financiamiento, lo cual las hace ser extremadamente prudentes y cautas en sus procesos de expansión, amen de que la política de gratuidad fija el crecimiento máximo de las matrículas.

En cuanto a “lo público”, este es un concepto que va más allá de lo puramente estatal. Universidades estatales y privadas (en diferente intensidad y escala) desarrollan actividades de extensión, trabajo comunitario, investigación, entre otras actividades, y del mismo modo generan un vigoroso mercado laboral académico especializado.

De ahí que no debe haber diferencias en el financiamiento para los estudiantes en las carreras en cuanto a la condición jurídica de las instituciones, como en el caso del Fondo Solidario que sólo lo reciben los estudiantes de las universidades del CRUCH. Que las actuales autoridades señalen públicamente que las deudas y pagos del CAE serán condonadas a todo evento aumentará la tasa de incumplimiento de pagos de este crédito, haciendo aún más difícil el financiamiento de los contribuyentes en este caso porque potencialmente alcanzaría los 12 mil millones de dólares, lo que equivaldría teóricamente en régimen a la actual propuesta de reforma tributaria la que está en discusión en el Parlamento.

Un sistema universitario robusto deberá tener mecanismos de crédito claros, no discriminadores entre instituciones, mientras estas estén acreditadas y cumplan con todas las exigencias de los organismos reguladores. Esto implica perfeccionar el CAE, para evitar las falencias actuales y abrir los recursos del Fondo Solidario a todo el sistema universitario, de modo que no queden enclaustrados en carteles de universidades.

Del mismo modo, la gratuidad como política pública deberá irse perfeccionando para reflejar el real costo de educar alumnos, lo cual permitirá ir avanzando a las universidades en la complejización de los bienes públicos que provee a la sociedad, lo cual es ante todo formar profesionales que puedan desarrollar sus proyectos de vida en el plano profesional, y de esa forma cimentar las bases de una sociedad más diversa y disponible para afrontar los desafíos sociales y del sistema productivo.