Columna publicada por El Mercurio el domingo 23 de julio de 2017.

¡Tenemos ley de educación superior, por lo menos, aprobada por la Cámara de Diputados!

Se suponía que era la más importante de esta administración. Aquella que debiera marcar el rumbo del país en el desarrollo social, económico, tecnológico de este siglo, y que nos debiera permitir seguir liderando en Latinoamérica en los indicadores educacionales.

¿Y qué ley tenemos? Una que, como producto de la desprolijidad en su trabajo prelegislativo y de la evidente falta de voluntad por escuchar, su discusión terminó centrándose exclusivamente en la gratuidad, aprobando una ley que traerá nefastas consecuencias para el país.

Atrás quedaron las declaraciones del entonces ministro de Educación, que día a día nos sorprendía con alguna nueva analogía. Se recordarán de algunas: quitar los patines, títulos de bakelita, gestor inmobiliario, apoderados embaucados, compra de fierros, fijación de precios, competencia libertina, y otros tantos que utilizaba como argumentos para la reforma educacional de la Presidenta Bachelet.

Hasta que a mediados de 2015 tomó la posta una ministra de Educación, quien realizó indescifrables esfuerzos, por la vía de minutas que trascendían, para sacar adelante la reforma. Claramente fue pragmática. Realizó 14 cambios para que, por fin, la Cámara aprobara un proyecto. Un proyecto a medias, porque dentro del pragmatismo tuvo que prometer muchas cosas. Sacar a las universidades estatales y redactar una ley especial para ellas; poner fin al Crédito con Aval del Estado; gratuidad universal, se supone, en treinta años más; entre otras.

Pero lo más curioso es que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, de los sucesivos e improvisados cambios, de las promesas, de la presión para que se legislara al estilo fast track , nadie, pero nadie, quedó contento.

El Consejo de Rectores fue duro. Su vicepresidente dijo: "No estamos disponibles para proyectos políticos o ideológicos de carácter contingente". Y ya informaron que se reunieron con el presidente del Senado... "para hacerle ver que el proyecto (...) contiene graves desequilibrios".

Las universidades Austral, Concepción y Santa María cuestionaron el nuevo modelo de gobernanza que se establece y anunciaron la preparación de indicaciones para ser presentadas en el Senado, pues de otra manera esas universidades se encontrarán infringiendo la ley.

El rector de la PUC, en una fuerte carta pública y luego de un análisis del proyecto expresó: "Estos son tres ejemplos que reflejan falta de conocimiento, madurez y profundidad intelectual de un proyecto que, a pesar de sus falencias, sigue avanzando, con nefastas consecuencias para el desarrollo de la educación superior del país".

La UDP y U. Alberto Hurtado hicieron ver en carta pública su disconformidad con la forma en que se calculan los aranceles regulados que les significan cuantiosos déficits en sus presupuestos, haciendo presente que tendrán que revisar su decisión de mantenerse en gratuidad o retirarse de la misma.

Las universidades privadas no gratuitas hemos planteado hasta el cansancio que este proyecto no solo es de una mala calidad técnica, ideologizado, que violentará la autonomía de las universidades y que afectará seriamente la calidad de las mismas y, lo más grave, que el Estado tomará el control del sistema a través de la Subsecretaría de Educación Superior, dejando el futuro de las instituciones sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno.

Los alumnos, todos hemos sido testigos del rechazo que han manifestado en las calles, en cartas públicas y en el Congreso. La sociedad, de acuerdo a los estudios de opinión, nos indica que casi 7 de cada 10 chilenos se muestran en desacuerdo con la reforma.

Y en el Congreso también se sintieron voces de descontento. El Gobierno, en un acto de sublime irresponsabilidad, presionó e hizo que el proyecto se votase en una sesión que duró 23 horas y luego solo dio una semana de plazo a la comisión de Hacienda de la Cámara para discutir un proyecto que nos costará a los chilenos, 3.500 millones de dólares anuales.

Es peligroso lo que está pasando en el país, nadie está de acuerdo, pero el Gobierno insiste y logra su aprobación, con los mismos legisladores que se quejaban. Es curioso cómo la obsesión por sacar adelante una promesa de campaña hace que se pierda de vista el interés general de la nación. Todos la rechazan, salvo... el Ministerio de Educación, que la empuja. Un verdadero diálogo de sordos.

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