Columna publicada por El Líbero el martes 10 de abril de 2018.

Los gobiernos locales o municipalidades como se les llama en Chile, se encargan, entre otras cosas de la provisión de bienes públicos locales tales como limpieza de las calles, construcción y mantención de plazas así como la seguridad municipal. Estos servicios se denominan bienes públicos ya que cumplen dos condiciones. La primera es que no existe rivalidad en el consumo, lo que significa que si una persona camina por la vereda, otra persona puede utilizar dicha vereda simultáneamente, con lo cual muchas personas pueden disfrutar simultáneamente de la vereda o una plaza. Sólo en el evento de congestión desaparece esa característica y el consumo se transforma en rival, esto es en una calle llena de autos, la única manera de que un auto pueda ingresar es que otro salga.  La segunda característica es que no existe exclusión para el consumo de estos servicios, lo que implica que no hay cobro por usar la plaza o las calles, por lo cual cualquier persona puede usar, por ejemplo, la plaza sin que deba pagar un precio por ello.

Los candidatos a alcaldes tratan de detectar cuales son los bienes públicos más valorados por los votantes de la comuna e incorporan esos deseos en su propuesta electoral. De esta manera, si el mayor deseo de una comunidad es mayor seguridad ciudadana, es claro que la expansión del gasto municipal seguirá ese camino. Esto permite que las preferencias de los vecinos se alineen con las acciones del alcalde.

Ahora bien, estos bienes públicos locales hay que financiarlos y actualmente parte de ese financiamiento proviene del impuesto territorial o contribuciones de bienes raíces. Este impuesto es un porcentaje que se aplica sobre el avalúo de las viviendas, existiendo tres tramos, en donde las viviendas cuyo valor es inferior a $33 millones están exentas, de $33 millones a $ 118,5 millones la tasa es de 0,933%, y para viviendas con un valor superior a $118,5 millones la tasa es de 1,088%. Pues bien, el avalúo se actualiza cada 4 años y ello ha generado cambios importantes en los ingresos municipales, ya que por ejemplo, para la municipalidad de Santiago los ingresos caerán en 32%, mientras que para Puente Alto subirán en 49%. Ante estos bruscos cambios cabe preguntarse si la demanda por bienes públicos locales ha variado en la misma dirección en esas municipalidades, es decir, ¿lo vecinos de la comuna de Santiago desean menos seguridad ciudadana o calles menos limpias, mientras que los de Puente Alto desean que la cantidad de plazas públicas se incrementen en 50%? La respuesta evidente nos indica que tenemos un problema en el sistema que utilizamos para financiar a los municipios.

Al analizar alternativas de cobro, nos encontramos en un problema similar a los que tienen los que habitan por ejemplo en un edificio y deben pagar gastos comunes, en donde habitualmente se calcula el gasto total de la comunidad tales como porteros, luz en espacios comunes, jardines, entre otros, y se divide por el número de departamentos, pagando todos la misma cuota. Hay algunas comunidades que hacen un ajuste por el metraje del departamento, pagando una cuota mayor los propietarios de departamentos más grandes.

Una experiencia interesante es lo utilizado en Inglaterra en donde el Council Tax es un monto de dinero que es igual para todos los que viven en un vecindario determinado. Así, en Edimburgo se definieron 8 zonas, y los que viven en la Zona A, deben pagar $1.118 libras anuales, mientras que los de Zona H deben pagar $3.913 libras anuales. Este pago se calculan en función del gasto municipal dividido por las propiedades vigentes en cada zona y no por el avalúo de las propiedades que se actualizan cada 4 años.

Creo que el sistema que tenemos en Chile actualmente no es correcto y debemos revisarlo, ya que los bruscos cambios en el financiamiento municipal que se observan cada 4 años no tienen relación alguna con la demanda de bienes públicos que tienen los vecinos de cada comuna.

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