Dr. Juan Giaconi Gandolfo, Decano Facultad de Ciencias U. Mayor

Columna publicada por La Nación el martes 18 de julio de 2017.

Un requisito indispensable para garantizar una formación completa y adecuada de los futuros médicos y profesionales de la salud en Chile, apunta al aprendizaje progresivo, práctico y tutorizado, llevado a cabo al lado de los pacientes a través de los distintos campos clínicos apostados a lo largo del país.

Los beneficios que entrega la práctica no son nada nuevos. Está empíricamente comprobado que los centros hospitalarios, o de atención primaria, que realizan enseñanza universitaria, tienen los mejores resultados clínicos, permitiéndole a los futuros profesionales llevar a la práctica lo aprendido durante su formación en el aula y así poder contribuir significativamente al sistema de salud en Chile.

Lamentablemente, este aporte histórico que han realizado en conjunto egresados de universidades públicas y privadas, se ha visto duramente cuestionado durante los últimos meses, luego que el Ministerio de Salud anunciara el sometimiento a consulta pública de algunas modificaciones a la norma para la asignación de campos clínicos (N° 254), lo que fue rechazado unánimemente por las Facultades de Medicina que conforman la Asofamech y el Colegio Médico.

Si bien es cierto que la necesidad de formar profesionales para una mejor calidad de atención y seguridad de los pacientes hace necesario optimizar el uso de estos establecimientos por parte de los centros formadores universitarios, la propuesta del Minsal desconoce preocupantemente el aporte histórico de instituciones como la Universidad Mayor, mediante el establecimiento de requisitos como la gratuidad para la asignación de un campo clínico.

En palabras simples, las modificaciones a la norma 254 propuestas por la cartera de Salud le fijan un puntaje muy alto a un criterio no académico como la gratuidad, lo que hace prácticamente imposible que podamos acceder como universidad a un campo clínico estatal, correspondiendo a una manera explícita y arbitraria de prescindir del aporte que históricamente las universidades privadas le han hecho al país.

Adicionalmente, la modificación no permite la asociatividad entre centros formadores con cercanía de planes de estudios, lo que demuestra un profundo desconocimiento por parte de la autoridad sobre el real funcionamiento de estos establecimientos. Basta darse una vuelta por los distintos hospitales que dependen del Estado a lo largo de Chile para darse cuenta que en su interior trabajan dos, o incluso 3 universidades con convenios plenamente vigentes, y que cubren en su totalidad recintos que suelen ser muy grandes como para ser abarcados por una única institución.

Dicho esto, no queda más que recordarles a las autoridades de Salud el gran aporte que realizan a diario los profesionales jóvenes al sistema público, prestando servicios de manera ética y consecuente en lugares alejados de las grandes urbes, y mostrándose permanentemente solidarios con las necesidades del país.

Esto último, no deja de ser importante si se considera el déficit de profesionales en el área de la salud, particularmente de médicos y especialistas, el que sin el aporte de los centros formadores privados podría ser aún mayor, impactando directamente en la salud y la vida de las personas.

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