Columna publicada por El Mostrador el lunes 11 de septiembre de 2017.

Definitivamente algo no anda bien en nuestro Parlamento. El caso copy paste es un síntoma más de una crisis que se arrastra por varios años y que ha significado que apenas un 16% de los chilenos –según la última encuesta Adimark– tenga una opinión positiva de esta importante institución. Lo cierto es que los informes truchos –digámoslo derechamente-, las asesorías fantasmas y los parientes ejerciendo roles de consejeros, parecen ser una práctica común. Es simplemente una realidad que nadie quiere reconocer en público, pero que circula en los pasillos del edificio de Valparaíso.

Los más nuevos –como Camila Vallejo, quien insinuó haber sido engañada por Ical, organismo ligado al PC– les piden consejos a los más experimentados, esos que ya llevan 27 años en el cargo y que se saben todas las triquiñuelas para hacer rendir los fondos entregados para servir a sus propios intereses o bien para financiar a los institutos o think tanks –qué contradictorio suena el nombre en estos días del “copiar y pegar”– que, se supone, entregan informes a los parlamentarios, pero que en la práctica representan una caja recaudadora adicional para algunos partidos.

En estos días, nos hemos enterado de situaciones curiosas, como que la Fundación Jaime Guzmán emite documentos de análisis legislativo –basados en datos abiertos que se pueden encontrar en las páginas web del Congreso– y los vende por separado a cada parlamentario. ¿No sería lógico que la UDI comprara un solo informe y se los distribuyera a cada diputado? Una curiosa  forma de optimizar recursos públicos emplea uno de los partidos que más críticas le ha hecho al Gobierno por el uso de los fondos estatales.

Investigaciones periodísticas, conocidas la semana pasada, comprobaron también que un alto porcentaje de diputados y senadores compra elaborados análisis cuya calidad deja mucho que desear y que tienen como fuentes a portales de noticias, Wikipedia e incluso Icarito. Párrafos y documentos enteros copiados, llegando al extremo de un diputado DC que pagó casi un millón de pesos por un informe que consideraba un artículo de Patricio Navia o un parlamentario UDI que canceló la suma de 2 millones por un reporte de seis páginas correspondientes a la réplica textual de una publicación en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción.

Es obvio que la labor investigativa puede incluir información elaborada por terceros o fuentes abiertas, sin embargo, se pueden justificar en la medida que llevan un análisis profundo, proyecciones o una interpretación. Nada de eso ocurre en estos casos.

En contraste con lo anterior, el Parlamento llevó a cabo su última auditoría en 2014, en que fueron revisados todos los documentos de respaldo de las asesorías realizadas a una muestra de 66 diputados y 24 senadores. ¿La conclusión? Cero faltas. Es decir, en los 90 casos se cumplía 100% con “la normativa, criterios de uso y respaldos”. Y un dato sorprendente, el senador Jaime Orpis fue parte de la muestra. Recordemos que hace solo unos días el desaforado parlamentario tuvo que devolver 46 millones de pesos al Senado por falta de respaldos. Sin comentarios, aunque surge una pregunta: ¿cómo se escogieron y quiénes fueron esos auditores?

La denuncia de Radio Bío Bío contra el senador y candidato de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, se fue convirtiendo en una rápida bola de nieve. Además que la pésima reacción del presidenciable –quien primero señaló que no tenía tiempo de leer toda la información que recibía– y su inusitado tono contra la Fiscalía, lograron levantar un tema que podría haber sido acotado y olvidado con facilidad por la opinión pública.

Las respuestas no se hicieron esperar, el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se involucró en el caso, criticando al senador por ofender al Ministerio Público al haber señalado que los persecutores privilegiaban casos de alta connotación pública para acceder a mejores bonos, en perjuicio de aquellos en que están involucrados ciudadanos comunes y corrientes. Aunque es evidente que esta es la sensación que les queda a muchas personas, con posterioridad a un asalto o robo, no corresponde que un candidato a La Moneda se enfrasque es una guerra verbal con el representante de un poder autónomo del Estado.

Pero lo de Guillier solo fue un detonante. Luego vendría la ya conocida “respuesta corporativa” de los parlamentarios. Parece que había demasiada ropa tendida, porque fue desde la UDI donde el independiente pro PR recibió el más fuerte apoyo. Sería el propio Hernán Larraín quien saldría a defender la “institucionalidad”. Incluso, Sebastián Piñera fue cauto –algo poco común en él– y señaló que prefería no dar una opinión mientras no tuviera información completa. Y eso que este era un tema que le podía servir para atacar a su rival.

A continuación vendría la postura firme, decidida y, por cierto, desafiante del Senado, encabezado por su presidente, Andrés Zaldívar. El longevo político DC, en un hecho inédito, descartó entregarle información de las asesorías parlamentarias al Ministerio Público. A esas alturas, el conflicto había escalado a un nivel peligroso para las relaciones entre estos dos poderes y, de paso, sacado a Guillier del ojo del huracán.

Sin duda, la negativa de dar acceso a la información requerida por los fiscales deja la percepción de que aquí hay algo importante que se está ocultando o bien que existen temores más que fundados de que una revisión externa podría dejar al descubierto malas prácticas generalizadas y transversales –de la UDI al PC–, provocando un daño reputacional inmenso a dos meses de las elecciones. Más allá de las explicaciones jurídicas entregadas por el Senado –que calificó el accionar de la Fiscalía como desproporcionado, excesivo y que superaba sus facultades–, para el ciudadano común esta reacción constituye un privilegio más de esta institución del Estado que goza de muy baja reputación.

Esta decisión unilateral de no cooperar con la justicia contrasta con lo que un ciudadano común debe hacer en caso de ser solicitado por un fiscal u organismo cooperador, como Carabineros o la PDI. De hecho, cualquier chileno está obligado por ley a concurrir ante una citación, aunque solo sea en calidad testigo. Es decir, sin que nadie le esté imputando ningún delito o falta. Lo normal en esos casos es que el ciudadano colabore entregando los datos que se lo solicitan. Como dice el viejo refrán, el que nada hace, nada teme.

Es un hecho que esta reacción defensiva que tuvo el Senado –y varios diputados– en nada contribuye a restablecer la confianza que los chilenos deberíamos tener en la política, los políticos y, por supuesto, en una de las instituciones claves del Estado.

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